El estado español cubre las necesidades sanitarias de todos sus ciudadanos mediante el Sistema Nacional de Salud, financiado a través de impuestos y regentado por las Comunidades Autónomas.
Más del 90% de la población utiliza este sistema para sus necesidades médicas. Este sistema permite a los españoles elegir su médico de cabecera, a través del cual obtienen acceso al resto del sistema.
La mayoría de los pacientes consiguen una cita con su médico en un día o dos desde la solicitud. No suele suponer ningún gasto extra a los pacientes ya que la comunidad autónoma corre con los gastos.
Para consultar a un especialista, los pacientes han de ser remitidos por el médico de cabecera, excepto en caso de urgencia. Desgraciadamente, como en la mayoría de los países europeo, las listas de espera para visitar a los especialistas o para intervenciones voluntarias o no urgentes suelen ser largas. Por último, el sistema sanitario público español sólo cubre la atención sanitaria (con algunas excepciones), los tratamientos dentales y los problemas ópticos van por la vía privada.
En los últimos años la sanidad privada ha ganado en importancia. Se estima que un 15% de la población posee seguros médicos privados, incluidos la mayoría de los funcionarios públicos, a los que se les da la opción de elegir entre el sistema público y el privado. Los seguros pueden utilizarse bien como complemento o como alternativa a la sanidad pública.
La ventaja del seguro privado es que las compañías tienen sus propias redes de hospitales, clínicas y laboratorios, por lo que los asegurados no tienen que esperar tanto para ser tratados. El único problema es que las compañías pueden insistir a los pacientes en que utilicen sólo médicos que sean miembros de su grupo. Sin embargo, la mayoría tienen programas que reembolsan el 80% de la factura de médicos de fuera del grupo. Las compañías de seguros privados más importantes son Adeslas, Asisa y Sanitas.